Alemania vs. Italia: una lectura a la colombiana

El pasado 3 de febrero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló finalmente el caso Italia v. Alemania. Desde 2008, estos dos países, con Grecia como interviniente, se habían lanzado en una discusión jurídica relacionada con una de las heridas más grandes de Europa: la Segunda Guerra Mundial y las reparaciones debidas a las víctimas del régimen Nazi. La importancia de este fallo para todos los países de la comunidad internacional es inmensa, puesto que ahondó en el tema de la inmunidad de los estados frente a demandas judiciales en el extranjero. De la misma manera, la decisión es máxima trascendencia para los activistas, ONG y académicos en la medida en que reafirma que el litigio contra los Estados violadores de normas de derechos humanos no puede llevarse por el momento a otros foros, sino que ha de tramitarse como una cuestión de política internacional o de derecho doméstico.

Para Colombia, la sentencia puede leerse a la vez como una señal favorable y una señal de alerta. Lo primero, porque reafirma la imposibilidad de que el Estado sea llamado a cortes extranjeras para responder por violaciones de derechos humanos causadas directa o indirectamente. Lo segundo, porque su inmunidad ante cortes extranjeras no implica por derecha la inexistencia de responsabilidad, de ahí que sea esencial contar con mecanismos judiciales y no judiciales en el derecho doméstico para tramitar este tipo de conflictos. La CIJ no analizó la inmunidad de los jefes de estado frente a procesos penales en otros estados, aunque para ello ya se tiene un antecedente en el caso de Congo v. Bélgica (2002), en el que se afirmó que el Ministro de Relaciones Exteriores de aquel país tenía inmunidad frente a procedimientos penales iniciado en Bélgica.

El Informe Mundial de Human Rights Watch: ¿en qué consiste el litigio alternativo?

Las estrategias no judiciales que afectan la reputación de los Estados pretenden modificar comportamientos y propiciar el diálogo informado en torno a los asuntos que más afectan los derechos humanos. Qué dice y qué no dice el más reciente informe que como siempre ha despertado controversia en Colombia. Ver más.

¿Tiene límites el principio de neutralidad de la Cruz Roja Internacional?

Lina M. Céspedes-Báez

Los dilemas que genera la comprensión del principio de neutralidad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) deben ser abordados desde dos perspectivas: las razones que llevaron a la creación de esta organización y el cambio en el contexto de su operación.

Respecto de lo primero, el Convenio de Ginebra de 1864 es la fuente adecuada para identificar el objetivo perseguido por el CICR: dar asistencia a las víctimas del conflicto armado, sin propender de ninguna manera por el fin del mismo. En ese sentido, la neutralidad fue pensada como una manera de generar confianza entre las partes en conflagración, con el fin de asegurar que el personal de la CICR tuviera acceso a los heridos y la población atrapada en el conflicto.

Derecho Internacional y Objeción de Conciencia

Lina M. Céspedes-Báez

Ahora que el Congreso colombiano se tiene que enfrentar al “plan B” de los conservadores y del Procurador, vale la pena hacer unas breves anotaciones sobre la objeción de conciencia en el derecho internacional, para que los Honorables Congresistas y el público en general estén informados sobre cuáles son las obligaciones de Colombia en esta materia.

Anotaciones sobre Aborto y Derecho Internacional

Lina M. Céspedes-Báez

Más allá de la inseguridad jurídica que causan proyectos de ley como los presentados por el partido conservador de Colombia, no sólo para proteger la vida del nasciturus, prohibir el aborto en cualquier circunstancia, vetar los anticonceptivos, sino para crear una fisura, tal vez irreparable, en la forma cómo la Corte Constitucional ha venido protegiendo a las minorías y grupos discriminados, habría que meditar este tema desde el derecho internacional. Para eso unas breves anotaciones.

¿Benedicto y sus purpurados ante la Corte Penal Internacional?

Por: Lina M. Céspedes-Báez

En días pasados tuvimos noticia de que un grupo de sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de Iglesia Católica instó al fiscal de la Corte Penal Internacional a investigar estas conductas. En un comienzo, me pareció interesante la idea y la dejé pasar como una más de las promesas cumplidas del Derecho Internacional. Sin embargo, con el pasar de los días algo no encajaba en mis cálculos jurídicos de procedencia, es decir, una duda constante se instaló en mi pensamiento y me llevó a concluir que llevar ese tipo de asuntos a esa instancia internacional no era tan evidente y que el camino que habría de recorrer una solicitud como esa no era nada fácil.

Matrimonio de Parejas del Mismo Sexo

¿En qué nos ayuda el Derecho Internacional?

Lina M. Céspedes-Báez

La sentencia esperada, no publicada y tan sólo a medias conocida por el comunicado de prensa de la Corte Constitucional de Colombia me ha puesto a pensar en los derechos y en la famosa pérdida de la fe en el sistema jurídico, como bien lo dijo Duncan Kennedy. No es para menos, porque los argumentos que hace unos años le sirvieron a la Corte para extender los derechos de las parejas del mismo sexo, hoy le sirven para decir que sí son familia, pero que en materia de derechos la definición le toca al legislador. Podríamos tener una larga discusión sobre las evidencias cualitativas y cuantitativas que apoyan la famosa frase de que en ciertos momentos y Estados las cortes pueden ser más democráticas que cualquier congreso o mecanismo de participación popular. Sin embargo, una vez habló el juez, actuemos de conformidad y pensemos qué obligaciones tiene que honrar, en materia de derecho internacional, el famoso legislativo.